Alta concentración, propensión a la integración vertical y expansión de algunas prepagas hacia el negocio asegurador, en especial en riesgos del trabajo, es la tendencia creciente del sector de medicina prepaga en los últimos tiempos. En un mercado que mueve $26.000 millones anuales y presta cobertura de salud a 6,3 millones de afiliados, el problema central no es la frazada corta como en otros sectores, sino más bien cómo se reparte el pastel.

La entrada en vigor del nuevo régimen regulatorio en diciembre pasado (ley 26.682) fue un punto de inflexión que generó preocupación entre los financiadores de la salud privada. La norma amplía la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO), impide fijar períodos de carencia y rechazar a personas con enfermedades preexistentes. Además, las prepagas deben aceptar a mayores de 65 años (pueden cobrar hasta el triple de la cuota del plan), un segmento que suele utilizar los servicios mucho más que los jóvenes.

Pero el sistema empezó a crujir por el alza de costos en la contratación de servicios médicos (clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico). La actual pulseada entre prestadores y cinco de las mayores prepagas (Swiss Medical, Omint, Galeno, Medicus y Medifé) por el incremento en los aranceles confirma este estado de tensión. Se estima que la rentabilidad promedio de las prepagas está entre 3% y 4% sobre ventas, por lo que el margen de maniobra es exiguo.

El gobierno intenta actuar como fiel de la balanza pero, a fin de cuentas, no conforma a nadie. Según la ley 26.682 no puede aplicarse aumento de cuotas sin autorización oficial. Hace dos semanas las prepagas lograron una suba del 7% a partir de septiembre, mucho menos que el 15% que pedían. Esto gatilló el conflicto con los prestadores –piden un 12% de aumento pero las prepagas ofrecen 7%-, que tiene de rehén a los usuarios.

Jorge Cherro, presidente de Adecra, la entidad que nuclea a clínicas, sanatorios y hospitales privados, afirma que “la marcha de la actividad se está complicando, por las paritarias (25% escalonado) y por las restricciones cambiarias y a las importaciones de equipamiento médico”. Para el empresario, “esta lógica de aumentos de salarios sin su correspondiente compensación de aranceles, está llevando a la concentración del sector privado de la salud en grandes grupos”. Según Adecra, entre el 60% y el 66% de sus costos totales se va en recursos humanos, de allí el impacto de los aumentos salariales en la estructura de costos.

Al cierre de esta edición una alta fuente vinculada a las prepagas dijo que “mientras las conversaciones sigan abiertas hay esperanza de encaminar la situación, pero por ahora no hay nada nuevo”. En los últimos doce meses el alza promedio de las cuotas fue del 22% (9,5% en diciembre, 5% en mayo y ahora 7%), y habrá un nuevo round en diciembre, cuando se aplique otra cuota del aumento salarial acordado.

La tendencia Un informe de la consultora Claves Información Competitiva señala que “debido a las nuevas normativas y las distintas presiones que han sufrido las empresas de medicina prepaga, el sector tiende hacia la concentración, lo que se plasmará en más adquisiciones de carteras pequeñas que no puedan hacer frente al nuevo contexto que se presenta”.

Daniel Ripari, gerente de Análisis Competitivo de Claves, señala que “las cinco principales empresas del sector (OSDE, Swiss Medical Group, Galeno, Omint y Medicus) concentran el 52,2% de los afiliados”, sobre un total de 568 empresas de cobertura prepaga. En su opinión, la concentración es una tendencia que ya viene de años pero hoy “el incremento de los costos del PMO se debe a la inclusión de nuevas coberturas”. Ripari prevé que “va a haber más concentración en este mercado, con probable desaparición de algunas pequeñas prepagas, en especial del interior del país”.

Carlos Vassallo, docente de la Universidad Nacional del Litoral y especialista en economía de la salud, cree que la nueva ley focaliza exclusivamente en los derechos del consumidor. “Yo entiendo que hay que pensar en el usuario pero el Estado también debe pensar que las empresas no se terminen cayendo. Hoy la amenaza es que las prepagas digan ‘esto ya no es negocio, nos retiramos’”, sostiene.

Para Vassallo las prepagas pequeñas, de hasta 5000 afiliados, “directamente salen del negocio porque ya no les sirve”, mientras que un segundo grupo “busca la integración vertical comprando algún prestador, como mecanismo de protección”. Por último, están las que combinan prepaga con el negocio de ART.

Pero la llave del negocio está en la Secretaría de Comercio Interior, que es la que aprueba los aumentos, escalonados y con cierto retraso. “En definitiva (Guillermo) Moreno, a través del precio que les fija a las prepagas, es el que termina regulando el sistema”, asegura Vassallo.

Un extenso decreto publicado en el Boletín Oficial, desafecta de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE), que depende del Ministerio del Interior y Transporte y los declara "innecesarios para la prestación del servicio a que se encuentran afectados" a tres inmuebles que se detallan en un anexo.

Esos inmuebles son las "playas ferroviarias" de las tres estaciones: la de Palermo, delimitada por las avenidas Santa Fe y Juan B. Justo y las calles Godoy Cruz y Niceto Vega; la de Liniers, por las avenidas Rivadavia y Juan B. Justo y las calles José León Suarez, Francisco de Viedma , Reservistas Argentinos e Yrigoyen (detrás de la cancha de Vélez Sarsfield), y la de Caballito, por las avenida Avellaneda, las calles Donato Alvarez, Bacacay, Martín de Gainza, Rojas y Yerbal y el pasaje Andrade.

El decreto establece, asimismo, que los tres inmuebles, en predios enormes y que efectivamente deberían alcanzar precios altísimos, "deberán destinarse al desarrollo de proyectos integrales de urbanización y/o inmobiliarios". La custodia seguirá momentáneamente a cargo de la ADIFSE, pero los predios deberán ser transferidos a una Sociedad Anónima que deben constituir la ANSeS y la Secretaría de Política Económica del Palacio de Hacienda, que es la que está a cargo del viceministro Axel Kicillof, en el momento en el que esa Sociedad Anónima lo requiera.

"Las rentas, utilidades y/o beneficios que se generen" por los desarrollos que se hagan, añade la norma, pasarán a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema jubilatorio, aunque la ANSeS también "deberá evaluar la posibilidad de su reinversión en el financiamiento de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento".

Para elegir los "proyectos integrales de urbanización y/o inmobiliarios" que se llevarán a cabo, se hará un "Concurso Abierto de Iniciativas y Proyectos (...)en los términos y condiciones que la ANSeS disponga. El decreto invita a la Sociedad Central de Arquitectos a que ayude a diagramar el concurso y a integrar el Comité de Evaluación de Proyectos, al que también se "invita" al Gobierno porteño.