Por Carlos Pagni 

Signo de los tiempos: el 17 de octubre los gremialistas de las distintas CGT analizaron la convocatoria a un paro general contra el gobierno peronista. No los motivó el perjuicio que la inflación acelerada, el recorte salarial del impuesto a las ganancias o el nuevo régimen de accidentes de trabajo ocasionan a los trabajadores. Los dirigentes sindicales se enfurecieron al enterarse de que había comenzado el avance del kirchnerismo sobre las obras sociales, su caja.

Mediante la resolución 1300, la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, había modificado por completo el régimen de prestaciones médicas de alta complejidad.

En adelante, el Estado dirigiría las contrataciones de las obras sociales con sus proveedores, pero sin asumir responsabilidad alguna ante los afiliados. La resolución había sido firmada el 21 de septiembre pasado, pero se publicó en el Boletín Oficial doce días después. En los gremios tomaron conciencia de su alcance el miércoles pasado. Ese día Korenfeld recibió una amenaza muy clara: si mantenía la iniciativa, el movimiento obrero declararía la guerra a la Presidenta. El encargado de comunicarla habría sido José Luis Lingeri -conocido como "Mr. Cloro" por sus actividades en Obras Sanitarias-, si no fuera porque está en el exterior. Por lo tanto, el que recalentó el teléfono de Korenfeld con sus terribles advertencias fue Carlos West Ocampo, secretario general de Sanidad. Un experto.

La superintendenta, que pertenece al corazón del clan santacruceño, informó a Cristina Kirchner sobre la crisis. La decisión fue suspender la reforma e incorporar a los sindicalistas a una comisión que analice el financiamiento de la cobertura de alta complejidad. Por lo tanto, adiós reforma. Korenfeld se lo informó a la CGT-Balcarce, que conduce Antonio Caló, el viernes pasado. Los gremialistas sólo se tranquilizaron cuando leyeron el texto de una nueva resolución, la Nº 1310, que anulaba las innovaciones de la discordia.

La foto en la que Korenfeld y Caló festejan la paz como buenos amigos es engañosa. Pretende cerrar una secuencia cuando, en realidad, la abre. La política de salud ofreció un nuevo escenario a la torpeza oficialista. Los funcionarios volvieron a archivar una norma obedeciendo a la presión corporativa de los afectados, cuando todavía no habían pasado 15 días de la errónea liquidación de haberes de la Gendarmería y la Prefectura, que provocó una huelga e hizo rodar las cabezas de Raúl Garré -hermano de la ministra de Seguridad- y de los jefes de ambas fuerzas.

Resoluciones suicidas, billetes de Eva Perón que rechazan los cajeros, default chaqueño, cesación de pagos en el sistema eléctrico, dificultades para desalojar la isla Demarchi, embargo y eventual remate de la Fragata Libertad, carnicería institucional para desguazar Clarín: la colección de desaciertos se está volviendo inquietante. El gabinete de Cristina Kirchner apenas ofreció una exhibición de virtuosismo en estos días: la de Julio De Vido para ponerse a salvo del procesamiento que Claudio Bonadio hizo caer sobre Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y los hermanos Cirigliano por la catástrofe ferroviaria de Once.

LAS EXCUSAS

El desaguisado de la medicina de alta complejidad puso en la superficie otra disputa interna. Cuando escuchó a los enardecidos sindicalistas, Korenfeld se excusó diciendo que Luciano Di Cesare, el director del PAMI, le había hecho cometer un error. La malhadada resolución habría salido de su oficina: el autor sería Alejandro Aymar, gerente de Estadística y Planificación del instituto de los jubilados. No es la primera vez que Korenfeld es la jefa de Di Cesare. Ni la primera en que quedan enfrentados. Cuenta una leyenda que en la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz tuvieron un encontronazo por las contrataciones informáticas.

Di Cesare es un ejemplar clásico de la pingüinera. Hasta ahora se lo conocía como fundador de La Güemes, una organización que cuenta con locales en todo el país y cuyos dirigentes son, en general, homónimos de funcionarios del PAMI. Poco original, Di Cesare: desde su fundación la obra social de "los abuelos" fue puesta al servicio de fantasías electorales.

Ya en vida de Néstor Kirchner, Di Cesare auspiciaba la creación de un sistema de salud centralizado. Su propuesta es que el Estado se haga cargo de contratar las prestaciones. Los gremialistas, que en los años 90 cedieron la recaudación de las obras sociales, entregarían ahora la llave de los gastos. Sería un ataque al corazón del modelo sindical, similar a aquel que soñó Raúl Alfonsín cuando propuso un seguro nacional de salud. La resolución Nº 1200 era el primer movimiento de esta gran maniobra.

Di Cesare echó a perder su proyecto por errores conceptuales y administrativos. El más importante es que pretendió estatizar la caja, pero no las responsabilidades. La superintendencia indicaría a cada obra social a qué laboratorio, droguería o proveedor de prótesis contratar. En caso de que la prestación fracasara, el responsable penal sería el sindicalista (artículo 8 de la resolución). "Nosotros ponemos los enfermos y el dinero, ellos hacen el negocio y nosotros vamos presos": así describió el nuevo régimen un dirigente con poder de síntesis.

SUBSIDIOS ESPECIALES

Di Cesare hizo firmar a Korenfeld otros desaciertos, como suprimir varios subsidios para discapacitados. Pero la cláusula que encendió las alarmas fue la que restablecía el derecho de la obra social a delegar el cobro de los subsidios en "gerenciadoras" o "mandatarias". Con esa habilitación, Cristina Kirchner volvía sobre sus pasos: la tercerización de los reintegros fue prohibida por el Gobierno cuando se descubrió que había estimulado la formación de una "mafia de los medicamentos", organizada por droguerías que intermediaban entre los funcionarios y las obras sociales durante la gestión del superintendente Héctor Capaccioli y del gerente general Néstor Vázquez.

Di Cesare ingresó en una guerra riesgosa: los gremialistas lo declararon su enemigo. Varios de ellos, en coincidencia con otros actores del mercado de la salud, aseguran que la reaparición de las "mandatarias" se debe a la cercanía de Di Cesare y de su amigo, el médico santacruceño Emilio Salas, con algunos prestadores. Mencionan a la droguería Núcleo Farma, de Alejandro Queipo, que figuró con $ 150.000 en la lista de empresas que financiaron la campaña electoral de la Presidenta en 2007. Es posible que sean sólo habladurías de dirigentes sindicales resentidos, pero ¿cuáles son los concursos a través de los cuales el PAMI adquiere las drogas que administra a sus afiliados? Y ¿por qué la resolución Nº 1200 fijó para algunos medicamentos precios más caros que los que pagan las obras sociales?

Las preguntas ingresan en una zona de penumbras: la de la relación del Gobierno con la industria farmacéutica local, que está entre las grandes beneficiarias del proteccionismo oficial. Antes de que en los gremios lo convirtieran en blanco móvil, Di Cesare estaba en la mira de los dueños de dos laboratorios de estrechísima vinculación con el kirchnerismo. Las pretensión de regular las contrataciones de las obras sociales puso en estado de alerta también a este sector.

La modificación de las obras sociales es parte de un proyecto más general de reorganización sindical cuya formulación más nítida apareció en el último documento de Carta Abierta. Es una empresa ambiciosa, acaso la que mejor describe la ensoñación oficial de fundar una nueva fuerza política en la que el peronismo clásico quede subsumido.

Korenfeld y Di Cesare dieron vuelta las cartas de esa partida. Fueron desprolijos, actuaron a destiempo. Gracias a ellos, los sindicalistas ortodoxos corroboraron lo que presumían: más poder para la señora de Kirchner es menos poder para ellos. Se trata de una información crucial cuando está en debate una nueva reelección.

Korenfeld y Di Cesare sacaron a luz otra evidencia: el gremialismo mantiene su cohesión cuando ve amenazados sus intereses corporativos. Lo explicó Oscar Lescano en la excepcional entrevista que le realizó Diego Sehinkman, anteayer, en LA NACION: "El día que nos quieran tocar las obras sociales van a tener que matarnos a todos".

Una prueba de esa unidad estructural es que quien puso en aviso a la CGT-Balcarce sobre la resolución de Korenfeld fue el opositor Luis Barrionuevo. Llamó a uno de "los Gordos", que festejaba el 17 de octubre con otros capitostes en el sindicato de taxistas, y le informó, socarrón: "Muchachos, me parece que la Presidenta les preparó un regalito para el Día de la Lealtad. Así les paga"..